La presidenta en funciones del Consejo ya ha solicitado a la junta electoral que retome su funcionamiento a la mayor brevedad, prosiguiendo con el proceso electoral
Oviedo, 31 de julio de 2025
A principios del mes de junio, el funcionamiento del Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana, que se encontraba en pleno proceso electoral, se vio interrumpido por la decisión de la Consejería de Medio Rural de nombrar una Comisión Gestora. “Esta decisión suponía apartarnos de nuestras funciones a los órganos de gobierno democráticamente elegidos, de un día para otro y sin oportunidad si quiera de alegar, sustituyéndonos por una Comisión Gestora de 10 miembros elegidos por la administración”, indica Isabel de la Busta, Presidenta en funciones del Consejo Regulador.
“Desde el principio, advertimos al Consejero, Marcelino Marcos, e incluso al Presidente del Principado, Adrián Barbón, que no tenían competencia para adoptar esa decisión”, ya que “somos una corporación de derecho público, que se rige fundamentalmente por el derecho privado, y que con dicha decisión no se respetaban los derechos fundamentales de los operadores de la IGP, en particular el de asociación, autogestión, y el de elección democrática de los órganos de gobierno”.
Por ello, varios de los operadores cesados -la propia de la Busta, Berdasco e Hijos (Benfer), Casa Bartuelo, David Rubio, José Manuel Cardín e Hijos de Luis Rodríguez- recurrieron ante la Justicia, solicitando como medida cautelar la suspensión de las resoluciones que nombraban la Comisión Gestora. “El Ministerio Fiscal apoyó nuestra petición y la semana pasada, los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias nos han dado la razón, suspendiendo el nombramiento de la Gestora y devolviendo la normalidad al Consejo”. Esto implica que el pleno del Consejo Regulador pueda retomar sus funciones, como representantes legítimos “en funciones”. Pero, además, como indica de la Busta “supone lo que siempre hemos reclamado, que se respete el derecho a voto de los operadores de la IGP para que seamos nosotros los que elijamos a nuestros representantes. Y supone también que la actuación de la Consejería, indiciariamente, ha sido contraria a la Ley, que es lo que sostenemos en nuestro recurso”.
De esta forma tan contundente, la presidenta en funciones de Ternera Asturiana recuerda que la administración autonómica está obligada a cumplir el auto por el que se anula el nombramiento de la gestora, “sólo faltaba que no acataran una decisión judicial”, y se muestra sorprendida por la “desaparición del Consejero, que desde la notificación del auto no ha dado señales de vida”. Se muestra muy crítica con las declaraciones realizadas por la Directora General de Agroindustria, Begoña López, que califica de “huida hacia delante en un intento por continuar justificándose”, recordándole que el auto judicial, “es claro, contundente y rechaza sus justificaciones”. Considera que “siguen manteniendo los mismos argumentos esgrimidos en sede parlamentaria, con la diferencia que ahora hay un auto judicial que deberían leerse para no seguir confundiendo a la ciudadanía, y en especial, al sector”.
Así, y según indica de la Busta, “en ningún momento ha existido ningún vacío institucional ni bloqueo, puesto que para eso está el pleno en funciones. Tampoco actuaron obligados por la junta electoral, puesto que el auto destaca lo sorprendente de que, habiendo abierto dicha junta electoral un nuevo plazo de presentación de candidaturas y votaciones, la Consejería de Medio Rural dicte la resolución de nombramiento de una Comisión Gestora sin límites ni de gestión ni temporales para la convocatoria de elecciones”. Del mismo modo, apunta que, en referencia a las citadas declaraciones de la Directora General de Agroindustria, “nos alegra que quieran velar por el mantenimiento de la legalidad en Consejos, pero, en la ocasión que nos ocupa, ha sido justo al revés”. Lamenta que la Consejería y la Presidencia del Principado se “hayan puesto de espaldas al diálogo, llevándonos a una situación insólita: la necesidad de acudir a los tribunales para defender las más elementales cuestiones”.
También se muestra crítica con los miembros de la gestora, en particular con las organizaciones sindicales UCA, ASAJA y COAG, así como Cooperativas agroalimentarias y con la Asociación de Criadores ASEAVA, “que también se encuentran desaparecidas a pesar de todo lo que tuvimos que escuchar para justificar su intervención en la Comisión Gestora”. Lo que extiende a los dos miembros del pleno que se prestaron a participar en la constitución de la Comisión Gestora “sin pensar en sus consecuencias para los operadores que representan”. La gestora “ha estado más preocupada de entorpecer el normal funcionamiento de la entidad, y de hacerse con las claves, los censos, el certificado digital, y otros datos sensibles de la entidad, que en la teórica organización de un proceso electoral”.
Para la presidenta en funciones del Consejo Regulador, “este es un ejemplo aplicable a cualquier asociación agroalimentaria. Ninguna administración puede interferir en nuestro normal funcionamiento. En nuestro caso somos más de 6.100 familias de ganaderos que criamos Ternera Asturiana y la industria cárnica que la comercializa. Lo que esperamos los agricultores y ganaderos de nuestras administraciones es que nos ayuden, nos apoyen y nos acompañen, no que nos atropellen”.
Primeras actuaciones tras el auto judicial
Para de la Busta “nuestro principal objetivo es devolver a los operadores del Consejo Regulador sus derechos, y en particular, el derecho al sufragio activo y pasivo. Por ello, ya me he puesto en contacto con la junta electoral, para que retome su funcionamiento a la mayor brevedad, y prosiga con la supervisión y desarrollo del proceso electoral en curso, adoptando las decisiones que procedan a tal fin”.
Sostiene que, en cumplimiento del auto, están trabajando para reintegrar a la entidad al momento previo al nombramiento de la gestora. Por ello, la Presidenta del Consejo Regulador ha remitido escrito al Consejero de Medio Rural, Marcelino Macos, informándole del auto, y de la solicitud realizada a la Comisión Gestora para que, en cumplimiento del mismo, cese de inmediato, solicitando información de las actuaciones llevadas a cabo por ésta hasta la fecha “ya que deben revertirse dichas actuaciones, sin que hasta el momento se nos haya informado de las actuaciones llevadas a cabo, a pesar de los diferentes requerimientos realizados”.
El auto señala que los límites de la Comisión Gestora son inherentes al “carácter excepcional de la intervención administrativa en la estructura interna de una entidad privada”, por lo que señala de la Busta que “se evaluará la responsabilidad, incluso personal, de los miembros de la Comisión Gestora por aquellas actuaciones realizadas que pudieran haber sobrepasado esos límites, dado que las resoluciones de nombramiento les atribuían única y exclusivamente funciones de gestión y administración ordinaria del Consejo Regulador”.